Los gobiernos latinoamericanos están dejando de depender de las empresas mineras para seguir las mejores prácticas en materia de cierre de minas y están pasando a desarrollar legislación nacional para garantizar el cumplimiento. Chile y Perú están liderando el camino con una legislación nacional de cierre de minas que exige que las operaciones mineras brinden garantía financiera para cubrir las obligaciones de cierre.
